Resumen: El penado impugna el Auto que acuerda no haber lugar a suspender la pena de 3 meses de prisión que le fue impuesta, denegación que se funda en el impago de la responsabilidad civil a cuyo pago fue condenado, alegando la imposibilidad por ausencia de ingresos. A la vista de las alegaciones realizadas, referentes a la ausencia de recursos económicos y pese a la oposición de la perjudicada que estima que la situación económica del apelante no es tan precaria como dice, no aportando documento alguno referente al ejercicio de su actividad como abogado, la Sala teniendo presente que se trata del cumplimiento de una pena corta de prisión, tres meses, y por otra parte que el apelante carece de antecedentes penales, estima parcialmente el recurso y buscando una solución que pueda colmar las pretensiones de todas las partes establece la posibilidad de suspender la pena de prisión, supeditada a que el apelante proceda a abonar 500 euros mensuales, de tal forma que el primer incumplimiento de pago comportaría el ingreso inmediato en prisión, pues a pesar del compromiso asumido y de los años transcurridos desde la firmeza de la sentencia, el recurrente tan solo ha procedido al abono de 1.800 euros, de los 26.000 euros a los que fue condenado, extremo que al tribunal le sugiere sin género de dudas que por el condenado no se ha abonado lo que realmente podía, pues podría estar apuntado en el turno de oficio del Colegio de Abogados y obtener ingresos que aliviarían la deuda contraída.
Resumen: El apelante se negó a volverse a poner la mascarilla en el autobús en el que viajaba en pleno pandemia, y terminó por negarse a bajarse del autobús oponiendo fuerza contra los agentes policiales. El Juzgado de lo Penal le condena como autor de "un delito contra el orden público del art. 556 del CP". La AP desestima su recurso. No se aprecia vulneración de derecho fundamental por retirársele al acusado la última palabra por no ser pertinente lo que afirmaba, dándose por concluido el juicio. Que la condena fuera expresada genéricamente por referencia un delito contra el orden público del artículo 556, tal como hizo el Fiscal en su escrito de acusación, no implica que pueda condenarse por el apartado segundo, que en todo caso hubiera exigido la celebración de un juicio por delito leve por Juzgado de Instrucción. La prueba fueron contundentes en orden a la acreditación de los hechos sin que se aprecie merma del derecho de defensa por denegación de prueba en la primera instancia ya que se practicaron en la segunda con resultado infructuoso. De haberse dispuesto de declaración responsable que eximirá de la obligación de llevar mascarillas, el acusado debía haberla llevado consigo y exhibido cuando fue requerido, lo que no hizo.
Resumen: Conflicto Colectivo. SE pretende derecho trabajadores de centro de DIA afectados a que se les compense con descanso proporcional por la no realización jornada reducida para 2019 y 2020 por COVID habiendo acudido incluso a domicilios de los necesitados. No ha de tener éxito el recurso articulado por la entidad Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, sin que a ello sea óbice la situación de pandemia derivada del COVID19 pues consideramos, en línea con lo resuelto en la instancia, que la adopción de medidas por parte de la Administración impuestas por mor de la referida situación de pandemia que obligó al cierre de los centros de día durante el período de marzo a julio constituya sustento eficaz para las pretensiones de la entidad recurrente habida cuenta de que, además de lo hasta ahora expuesto, cabe señalar que el inalterado, por incombatido, ordinal décimo primero pone de manifiesto que en 2020 los centros de día cerraron de 16 de marzo a 15 de julio y parte de los trabajadores/as efectuaron un seguimiento domiciliario de los usuarios de los centros, abriendo después con horario reducido con 8-9 horas diarias de apertura, así como que el horario de los mismos en el año 2019 fue ordinario,
